Empresas prestadoras de servicios turísticos plantean ajustes a la Ley 30-26 para preservar la competitividad en Rep. Dominicana
Empresas dedicadas al turismo receptivo, tour operación, organización de congresos y eventos (MICE), agencias de viajes y otros prestadores de servicios turísticos presentaron al Congreso Nacional una propuesta de ajustes a la Ley 30-26, con el objetivo de preservar la competitividad de uno de los principales sectores generadores de divisas, empleo e inversión del país.
Las organizaciones expresaron su respaldo a las iniciativas orientadas a fortalecer la economía nacional y garantizar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, advirtieron que algunas disposiciones de la legislación podrían generar efectos sobre la liquidez y la capacidad operativa de las empresas que integran la cadena de comercialización turística.
Entre las principales propuestas figura la creación de un régimen especial para los touroperadores receptivos respecto al pago de anticipos del Impuesto Sobre la Renta. El sector plantea eliminar esta obligación o, en su defecto, establecer un mecanismo de cálculo basado en la rentabilidad efectiva de cada ejercicio fiscal.
OPETUR explica que estas empresas funcionan como intermediarias dentro de la cadena turística, administrando importantes flujos de caja destinados al pago anticipado de hoteles, transporte, excursiones y otros suplidores, mientras sus márgenes de operación son significativamente menores y los ciclos de cobro del mercado internacional suelen extenderse por períodos más prolongados.
A juicio del sector, mantener el esquema actual de anticipos ejerce presión sobre la liquidez de las empresas, limita su capacidad de inversión y reduce la competitividad del destino República Dominicana frente a otros mercados turísticos de la región. Asimismo, solicitaron revisar el mecanismo de cálculo de la contribución por residuos sólidos para que esté vinculado a la generación efectiva de desechos y no exclusivamente al nivel de ingresos o facturación de las empresas.
Según sostienen, este criterio resulta especialmente relevante para compañías dedicadas a la intermediación de servicios, donde entre el 70 % y el 90 % de la facturación corresponde a pagos realizados a terceros, como hoteles, empresas de transporte, operadores de excursiones y otros proveedores turísticos.
En ese contexto, OPETUR considera que utilizar la facturación bruta como base para determinadas contribuciones no refleja la realidad económica de la actividad, debido a que una parte importante de esos recursos no constituye ingreso propio de las empresas.
Las entidades también señalaron que el turismo dominicano compite directamente con destinos del Caribe, Centroamérica y México, por lo que cualquier incremento en los costos operativos puede incidir sobre la capacidad del país para mantener su posición en el mercado internacional.
Indicaron que la actividad de los tour operadores representa un componente relevante para la industria turística por su participación en la captación de visitantes internacionales, la generación de empleos directos e indirectos y el movimiento económico que produce en múltiples sectores vinculados al turismo.
Como parte de sus planteamientos, reiteraron su disposición de trabajar junto a las autoridades en la búsqueda de soluciones que permitan alcanzar los objetivos de sostenibilidad fiscal sin afectar la competitividad de un sector estratégico para la economía nacional.
Finalmente, OPETUR manifiesta su confianza en que el diálogo entre el Gobierno y el sector privado permitirá introducir los ajustes necesarios para fortalecer las finanzas públicas, preservando al mismo tiempo las condiciones que han contribuido al desarrollo del turismo dominicano.


















