Sucesores propiedad en Cayo Levantado atacarán sentencia del Tribunal Constitucional

Ramón Almánzar, uno de los abogados de los sucesores de don Andrés Trinidad Mejía y doña Josefa Díaz, quienes son los supuestos propietarios del islote Cayo Levantado de Samaná, y que han iniciado una acción jurídica para que les sea devuelta la propiedad que tienen desde el año 1860, dijo que con esa sentencia del Tribunal Constitucional se violentan leyes y derechos. Hoy tenemos que decirles a los sucesores que esto no está perdido, que se estén tranquilos, porque el TC no es el dueño del país

Almánzar se expresó así en relación a la sentencia 194-13 del Tribunal Constitucional (TC) determinó que el islote Cayo Levantado pertenece al dominio público y al Patrimonio Nacional, lo cual fue una sorpresa para la familia sucesora que reclama los derechos de propiedad de Cayo Levantado

De acuerdo a la nota publicada por el Listín Diario, Almánzar advirtió que los abogados de la familia Trinidad Díaz van a perseguir el debido proceso y  defenderán sus derechos. En ese sentido, emplazó al TC a que presente el decreto donde el patrimonio Cayo Levantado fue declarado de utilidad pública por cualquier gobierno de la historia de esta nación.

“Los señores Andrés Trinidad Mejía y Josefa Mejía son los propietarios. Ellos tienen un título que fue ya fue reconocido por la Suprema Corte de Justicia y esta ordenó a la corte de San Francisco de Macoris que nombre una juez comisaria para que determine herederos”, explicó.

Dijo que el hecho es preocupante, porque el TC no fue apoderado para eso, sino para un incidente y decidieron de manera extraordinaria emitir una sentencia definitiva.

La sentencia TC/194 que admite un recurso de revisión constitucional interpuesto por Inversiones Whale Bahía S. A., operadora del hotel Bahía Príncipe en Cayo Levantado y, en consecuencia, anula una decisión de la Sala Civil de la Suprema Corte de Justicia sobre un litigio de repartición de bienes en donde podría haber estado Cayo Levantado.

El caso surge por una demanda en partición incoada por los sucesores del finado Andrés Trinidad, la cual fue acogida por la Cámara Civil y Comercial de la  Corte de Apelación de San Francisco de Macorís.